El Partido Popular en el Ayuntamiento de Salas Bajas ha denunciado al consistorio por presuntas irregularidades en la tramitación de una licencia para una nueva granja de cerdos, un proceso que, según la oposición, ha vulnerado el derecho de los vecinos a presentar alegaciones. «Nos encontramos con que en apenas 15 días nos van a construir dos granjas de cerdos… y al revisar la documentación, nos dimos cuenta de que hay muchas irregularidades», explica el concejal popular, Joaquín Tornil.
El conflicto se desató tras la convocatoria de un pleno municipal para el 24 de septiembre, notificada el día 19. En el orden del día se incluía la votación para la autorización y concesión de la licencia para la granja de cerdos, sin que el concejal y, por extensión, los vecinos, tuvieran conocimiento previo del expediente.
El documento que despertó las sospechas fue un certificado del secretario del Ayuntamiento, fechado el 18 de septiembre, donde se afirmaba que el anuncio del proyecto se había publicado correctamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que no se habían recibido alegaciones. Esta publicación es un paso fundamental para que los ciudadanos puedan presentar sus objeciones, un derecho que se habría vulnerado.
Ante la falta de constancia, el grupo popular revisó los boletines oficiales y concluyó que la publicación nunca se había realizado. «Nunca se ha publicado», afirmó el concejal Tornil. Tras las quejas y la presentación de los correspondientes recursos, el Ayuntamiento de Salas Bajas publicó el anuncio de exposición pública en el BOPH el 23 de septiembre, abriendo un plazo de 15 días naturales para alegaciones.
Sin embargo, y a pesar de la publicación tardía y de los recursos presentados por la oposición, el Ayuntamiento aprobó la licencia para la granja de cerdos el 24 de septiembre, sin respetar el plazo legal de 15 días para que los vecinos pudieran alegar. El concejal insiste en que la subsanación no se ha realizado de forma correcta y que se ha puesto en duda la fiabilidad del proceso, por lo que reclama que los vecinos puedan ejercer su derecho a ser escuchados ante un proyecto de esta magnitud.
Ante lo que considera una violación de la normativa y de los plazos de la Ley de Protección Ambiental de Aragón, y una posible falsedad en el certificado del funcionario, la oposición ha escalado el caso. «Hemos denunciado a la Fiscalía al Ayuntamiento y al Secretario en este caso, basándonos en los hechos de que ha habido falsedad documental, ha habido dolo», señala Tornil. «Si estas instalaciones se pueden instalar ahí, pues no tenemos más remedio que aceptarlo, pero no con engaños, con trampas y sin dejarnos opinar con nuestras alegaciones», concluyó el concejal Tornil, insistiendo en que la batalla es por la transparencia y el derecho de participación ciudadana. Los recursos y la denuncia buscan que se corrija el procedimiento y los vecinos tangán la opción de presentar las alegaciones que crean convenientes.
