Seis años de espera y tres instancias judiciales después, el proceso judicial contra el exguardia civil S.E.C. ha llegado a su punto final. El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena de 53 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Huesca por abusos sexuales a 11 menores de edad en Barbastro.
La sentencia del Supremo es firme y no admite recurso en la jurisdicción ordinaria, lo que ha provocado una reacción inmediata de la defensa de las víctimas.
El abogado que representa a cinco de las once familias afectadas, José María Orús, confirmó en COPE Altoaragón que ha solicitado la ejecución inmediata de la sentencia para que el condenado, que se encontraba en libertad provisional, ingrese en prisión de forma urgente.
El letrado explicó que, dada la gravedad de la pena, existe un riesgo evidente: «Hoy a primera hora de la mañana hemos solicitado que se abra ya la ejecutoría inmediatamente y que se le requiera para ingreso en prisión inmediato,» ha señalado José María Orús. «Tenemos que tener en cuenta que son 53 años de prisión, que aunque el cumplimiento efectivo no serán los 53, pero son condenas muy elevadas. Siempre existe un riesgo de fuga.»
Los hechos por los que fue condenado el exagente de la Guardia Civil se remontan a 2019, cuando abusó de 11 menores de edad de entre 6 y 10 años, a los que impartía clases extraescolares de inglés en dos centros educativos de Barbastro. La investigación se inició gracias a la sospecha y la grabación realizada por una profesora de uno de los centros.
Para las familias, esta ratificación judicial supone un «gran alivio» y la posibilidad de pasar página tras un proceso largo y complejo. «La satisfacción es muy grande. Después de tantos años que el Tribunal Supremo confirme la sentencia, desde luego, es una satisfacción. Sí, las familias también pueden pasar la página de este lamentable acontecimiento,» concluyó el abogado.
El condenado, que en su momento era guardia civil en la Intervención de Armas de Monzón y fue expulsado del cuerpo, había permanecido en libertad provisional desde enero de 2020 tras el pago de una fianza de 6.000 euros, situación que está a punto de cambiar con la orden de encarcelamiento inminente.
