La verdad y la mentira en el ámbito judicial español pueden generar confusión en cuanto a los derechos de las personas frente a un juez. Desde el despacho Cortés, Oruz y Vicente, el abogado José María Orús aclara las diferencias fundamentales entre las figuras de testigo e investigado y las implicaciones legales de sus declaraciones.
En primer lugar, José María subraya que, como testigo en un procedimiento judicial, existe un deber de colaboración con la justicia que obliga a decir la verdad. Mentir como testigo constituye un delito de falso testimonio que conlleva una pena determinada en función de la gravedad del perjuicio ocasionado. «Si un testigo miente y se demuestra, se abre una causa criminal contra él», explica Orús, destacando las consecuencias legales de faltar a este deber.
Por otro lado, la condición de investigado, anteriormente conocida como imputado, otorga más derechos en comparación con la figura del testigo. El investigado, como cualquier acusado, tiene el derecho a no declarar contra sí mismo e incluso a mentir en su declaración sin que esto constituya delito. Sin embargo, José María advierte que mentir puede complicar su situación si las pruebas descubren contradicciones en su versión. «El investigado puede optar por no declarar o por responder solo a las preguntas del juez o de su abogado, y está en su derecho de mentir, aunque las consecuencias pueden ser adversas», detalla.
En España, la diferencia entre la obligación de decir la verdad como testigo y el derecho a no declarar o mentir como investigado subraya la complejidad del sistema judicial, en el que cada figura procesal tiene sus propias reglas y principios. Estas claves ayudan a entender mejor los matices de la justicia y los derechos procesales que amparan a cada persona.
