Trece años después del suceso que conmocionó a la provincia de Huesca, el caso de Consuelo Roy ha recuperado notoriedad tras la emisión del programa de investigación “En Guardia”, de Cuatro. El abogado de la familia de la víctima, José María Orús, ha compartido detalles sobre el proceso judicial y la investigación que permitió condenar a Antonio Belmonte por asesinato.
El crimen ocurrió en abril de 2013 en el apacible municipio de Benabarre. Inicialmente, el sospechoso alegó que se trató de un encuentro fortuito en el que la víctima se asustó y cayó accidentalmente por un terraplén. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil y los informes forenses revelaron una realidad mucho más cruda: el cadáver presentaba señales de haber sido arrastrado y se intentó ocultar bajo una barranquera.
El forense Jaime Cobo determinó desde el primer momento que se trataba de un homicidio tras observar la posición del cuerpo y la naturaleza de las heridas. La autopsia fue definitiva al demostrar la secuencia de los hechos: Consuelo recibió un primer golpe por la espalda que anuló su defensa, seguido de un segundo impacto extremadamente violento mientras estaba en el suelo, el cual le rompió la base del cráneo.
La distinción legal: ¿Homicidio o asesinato?
Orús destaca que estos detalles técnicos fueron fundamentales para aplicar el agravante de alevosía, lo que elevó la calificación del delito de homicidio a asesinato. Según el abogado, el ataque por la espalda y el ensañamiento posterior impiden cualquier tipo de defensa por parte de la víctima, justificando legalmente esta distinción.
Durante el juicio, uno de los puntos más complejos fue la estrategia de defensa de Belmonte, quien alegó padecer delirios y haber visto «demonios». A pesar de que una de las forenses consideró que era inimputable, el director del Instituto de Medicina Legal de Aragón aclaró que un enfermo en pleno brote esquizofrénico no habría tomado precauciones para ocultar el cadáver o las piedras utilizadas. El hecho de que el agresor intentara esconder su rastro demostró que sabía distinguir perfectamente entre el bien y el mal.
Antonio Belmonte fue condenado a 18 años de prisión. Aunque se reconoció que desarrolló una enfermedad esquizofrénica grave de forma posterior a los hechos y se recomendó su internamiento en un psiquiátrico penitenciario, actualmente sigue cumpliendo su pena y se encuentra cerca de obtener beneficios penitenciarios.
Para la familia de Consuelo Roy la resolución judicial y la reciente repercusión mediática han servido para «pasar una etapa» dolorosa y dignificar la imagen de la víctima y de la localidad de Benabarre.
